Toronto sirve de modelo para la regulación del conflicto VTC vs. Taxi

Tras el recrudecimiento del conflicto entre las nuevas Plataformas de Transporte de viajeros Uber y Cabify y los taxistas en diversas ciudades españolas, se ha abierto un periodo de reflexión para determinar cuál será el modelo de convivencia de ambos servicios en nuestro país. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la cual debe velar por el juego equilibrado de los competidores en el mercado, sugiere la adopción del modelo aplicado en Toronto.

Después de la batalla desatada por el sector del taxi contra las nuevas Plataformas de transporte como Uber,  Toronto decidió, ya en el año en 2015, poner en marcha un reglamento que liberalizara parcialmente la actividad del taxi, imponiendo a los conductores de Uber la obligación de tener una licencia, pagar un tasa a la ciudad por operar e imponer limitaciones de horarios como los taxis tradicionales. Además, los conductores de Uber deben disponer de un coche de menos de siete años, y obtener una licencia en la que se le exigen que no tenga antecedentes penales, entre otros requisitos. 

La idea detrás de esta normativa, además de intentar atajar los conflictos que surgen entre una actividad altamente regulada como la del taxi con el surgimiento de nuevas formas de prestar el servicio de transporte a usuarios a través del empleo de nuevas plataformas de carácter colaborativo como Uber, Cabify y otras, es la de plantear legalmente la convivencia e incluso hasta la confluencia de ambos servicios. Se trataría, dicho de manera sencilla: de "uberizar" el taxi y de "taxificar" a las nuevas plataformas.

Un conflicto que sin duda seguirá dando mucho que hablar en el futuro y que, más allá de los planteamientos legales o normativos, obligará tanto a las autoridades, como a los usuarios y a los profesionales a pensar muy seriamente cómo las nuevas tecnologías y las nuevas formas de actuar de la economía colaborativa están ya influyendo, y de maneras muy profundas, en la sociedad global.

El artículo completo, junto con las normativas aplicadas en otros países y ciudades, puede leerse en la fuente de El Economista, aquí.